Los delitos rurales como limitantes de la capacidad productiva del campo

Con la presencia del presidente del Senasa, Ricardo Negri; el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand; el presidente del Mercado de Liniers, Eduardo Crouzel; y Héctor Hernández Vieyra, directivo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se realizó este miércoles durante Palermo 2019 una reunión del Comité de Seguridad Rural de la SRA, cuyo título fue “Los delitos rurales como limitantes de la capacidad productiva agropecuaria”.

De la reunión participaron referentes de fuerzas de seguridad y autoridades ligadas al área, de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero y Tucumán, entre otros estados.

En la apertura, Hernández Vieyra, resumió el trabajo que viene desarrollando el Comité y puso el acento en que “somos muy firmes con el objetivo cumplido de tener una Policía Rural de cercanía y con especialización, comprometida con nuestro sector, porque el delito rural tiene características que lo distinguen de aquellos que, con la misma tipificación, se cometen en los centros urbanos. Es así puesto que su accionar específico tiene una naturaleza depredatoria, al afectar de manera creciente a la producción agropecuaria en sí misma, provocando, además, la migración de gran parte de la población rural a los centros urbanos por el temor y el peligro imperante, y la existencia de una sensación de indefensión”.

A su turno, el presidente del  Senasa remarcó que “la seguridad es un bien público, pero a ese bien público hay que construirlo y reactivarlo todos los días, y activarlo en el campo, lejos o cerca, o en lugares donde no es tan fácil, tiene sus desafíos particulares”.

En cuanto a cómo puede ayudar Senasa a revertir esta situación, Negri  precisó que el organismo tiene dos roles muy claros: tratar de cuidar la sanidad del ecosistema para cada día producir más, mejor y de una manera sustentable, y garantizar la inocuidad de lo que consumen todos los argentinos y los países que reciben alimentos nacionales.

El funcionario también planteó la necesidad de “seguir reduciendo la burocracia interna desde el momento en que se comete una falta y el momento en que llega la multa. No sirve, para modificar conductas, mantener esta burocracia, por eso lo que queremos hacer es revertirla, como ya lo estamos haciendo”.

A su turno, el procurador general, Julio Marcelo Conte-Grand, comenzó por precisar que es integrante del Comité de Seguridad Rural, para luego resumir: “La actividad rural es, en esencia, una actividad cultural y la política criminal tiene como objetivo central la seguridad. No podemos hacerlo sin el principio de unidad del Estado y no podemos abandonar la noción, idea fundamental de la matriz histórica de nuestro país, que es el federalismo”.

En este marco, adelantó que “en la próxima reunión del Consejo Federal de Procuradores de Política Criminal, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires que yo represento va a llevar como propuesta la creación de una mesa federal, vinculada a los delitos rurales, en el ámbito de estas dos instituciones para poder coadyuvar al trabajo que implica garantizarles un mejor vivir para que puedan desarrollar mejor sus tareas”.

Para cerrar el presidente del Mercado de Liniers, Eduardo Crouzel, que desde hace 15 años viene trabajando en la gestación del Comité de Seguridad del cual es coordinador, graficó que “comencé a integrar la mesa en representación del Centro de Consignatarios porque también nos afectaba mucho el robo al transporte de ganado y empezamos a apoyar los instrumentos de control, y llegamos a tener en Liniers la mayor marca de vacas escaneadas, con más de 70 mil en todo el país, para cuando había requisas colaborar con las patrullas rurales para identificar los animales”.

Entre las mejoras logradas está la creación de la Superintendencia que se ha integrado a la comunidad rural y realiza un fuerte trabajo de prevención con recorridas constantes por los campos.

“Hoy el delito rural es muy amplio, y eso produce el abandono de los campos por miedo”, describió el empresario, para luego afirmar que “ahora que hemos conseguido esta integración las entidades del campo, los consignatarios, los acopiadores de cereales, lo que debemos buscar es que esto sea federal, para toda la nación, porque si no muchas veces entre provincia y provincia no se puede actuar. Hoy creemos que es el momento de llegar a un gran acuerdo nacional”.

Problema de órbita federal

“Los delitos rurales no son una cuestión puntual de las provincias, sino que son de la nación y hay muchos resultados que se tienen que dar con la participación primordial de la nación. Creemos que tiene que tener el Ministerio de Seguridad de la nación un área dedicada a los delitos rurales, porque tiene la obligación de coordinar el esfuerzo nacional de todas las policías. Además, hay una serie de acciones y políticas que se tienen que articular con la participación de los privados, o sea los productores, y creo que somos los capacitados para ocupar ese lugar”, argumentó Hernández Vieyra.

Profundizando su análisis, el dirigente admitió que “la gente cree que los delitos rurales son solamente el abigeato, pero en el campo ocurren todo tipo de delitos, algunos federales, como el narcotráfico, la trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, entre otros”.

Por último, el referente de la SRA comentó que estuvieron reunidos con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le transmitieron a través de un documento esta problemática y en la visita que la funcionaria hizo a Palermo 2019 le recordaron el tema y “nos aceptó que era un tema pendiente para el Ministerio”.